Más de un millón de hectáreas del Chaco salteño, en manos de 12 empresas
Investigadores salteños indican que la pregunta es a quién se destinará la tierra, pero también para qué se utilizará.
Por Laura Urbano – Fuente: https://www.pagina12.com.ar/ 8 de octubre, 2026.
Al menos 1.190.000 hectáreas del Chaco salteño, una de las regiones más productivas de la provincia, se encuentran en manos de 12 empresas.
Así surge del análisis de las Grandes Transacciones de Tierras (GTT) que realizó Cristian Venencia, doctor en ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, adscripto a la cátedra de Sociología Ambientalde la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa e integrante del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO-UNSa). Además, es integrante del Equipo Técnico Regional de Carga de Datos y Análisis de Land Matrix LAC, una iniciativa que registra y analiza grandes transacciones de tierras a nivel mundial.
Los datos muestran que la mayoría de los inversores son nacionales, con lo que se advierte que el debate sobre la cuestión Tierra debería centrarse en la extranjerización, y también en el acaparamiento. Este último concepto no solo encierra la concentración de la tierra, sino también los cambios en el uso del suelo y los conflictos que pueden generarse en los territorios por este cambio.
El análisis que hace la plataforma, exhibe que desde el 2000 a esta parte, en el Chaco salteño se registraron 122 grandes transacciones (de 200 hectáreas o más), ya sean de compraventa, arriendo o concesiones a privados.
Ese total de transacciones involucró más de 1.700.000 hectáreas. El 47% de las tierras se destinó a la ganadería, y el 38% a cultivos alimenticios (soja, maíz o poroto). Otra observación que hizo Venencia al conversar con Salta/12 es queel 10% de los productores tiene en sus manos el 70% de la superficie, mientras el 10% que menos superficie adquirió cuenta con el 0,3% del total de tierras transaccionadas.
De ese número surge también que un solo adquiriente tiene en sus manos 300 mil hectáreas del Chaco salteño. Parte de la superficie fue incluso concesionada por la provincia de Salta para la explotación agrícola en Salta Forestal.
El investigador indicó que el 64% de los adquirientes de grandes extensiones de tierras son nacionales. Luego, hay un 12% de adquisiciones de China, sobre todo para explotaciones petroleras que se hicieron entre en los departamentos San Martín y Rivadavia.
Por otra parte, la presencia de empresa extranjeras propietarias de tierras se desdibuja porque muchas cotizan en bolsa y los fondos de inversión son volátiles. Esos fondos están integrados muchas veces por personas de distintas nacionalidades.
El desigual acceso a la tierra
Una de las dimensiones que más preocupa al investigador es el impacto de estos procesos sobre las comunidades indígenas y las familias criollas del Chaco salteño. Muchos poseen y trabajan la tierra, pero no cuentan con títulos de propiedad que los protejan de la apetencia de actores de poder económico que ahora son atraídos por estas tierras.
Entonces, el problema no se limita solo a la extranjerización o al acaparamiento de las tierras, sino también al destino de quienes históricamente habitan esos territorios, a que acciones políticas se tomarán para que puedan continuar desarrollando sus formas de vida y actividades productivas.
Una de las consecuencias visibles es el desmonte en territorios ocupados por comunidades originarias. Un ejemplo reciente es el de la ruta nacional 86, en donde el derecho de los habitantes indígenas ha sido reconocido. Sin embargo, continúan los desmontes en la zona, en algunos casos, con avales, cuando menos, dudosos. A la par, la carencia de elementos indispensables para la vida provoca que haya casos en que el acceso al agua sea la moneda de cambio para que que las comunidades no rechacen la destrucción del monte.
Venencia vinculó este escenario con la expansión de la agricultura y la ganadería en el Chaco salteño desde comienzos de los años 2000, particularmente a partir de la incorporación de la soja transgénica. Recordó que durante este período se sostuvo una expectativa de desarrollo económico para la región que, desde su perspectiva, todavía no se consolidó en las condiciones de vida de parte de sus comunidades.
“Sigue habiendo comunidades que están bajo la línea de pobreza, niños desnutridos en comunidades indígenas, entonces como que ese desarrollo todavía no llegó”, afirmó.
La desprotección legal
Uno de los paraguas legales que permitía proteger a las comunidades campesinas en la provincia y, sobre todo, en el Chaco salteño era la suspensión de los desalojos establecida en el artículo 9 de la Ley 7.658. El 31 de diciembre de 2025 se venció la última prórroga y la Legislatura provincial omitió prorrogarla.
También cayó la protección que la Ley de Emergencia Territorial 26.160 daba a las comunidades indígenas, derogada por el gobierno mileísta.
En desmedro de campesinos e indígenas, se aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que abre la puerta a los desalojos, “y no importa si el inversor es nacional o extranjero porque les sirve a todos”, dijo Venencia.
Frente a este escenario, el investigador destacó el papel de la universidad y del sistema científico en la generación de información y conocimiento sobre las transformaciones del territorio. Para Venencia, hacer visible esta problemática permite incorporar al debate dimensiones que exceden la propiedad de la tierra y poner en discusión cómo se configuran los territorios, quiénes pueden habitarlos y producir en ellos, y cuáles son las consecuencias sociales y ambientales de los distintos modelos de uso del suelo.
