Milei prohíbe los discursos de odio como los que suele proferir

El Presidente restringe el ingreso y residencia de migrantes que emitan mensajes de odio contra la Argentina, sin fundamentar la medida con estadísticas. Los expertos y organismos de derechos humanos califican el decreto como ilegal.

Por Luciana Bertoia – Fuente: https://www.pagina12.com.ar/ – 31 de julio, 2026

Javier Milei se aferra a cualquier provocación que le haga recuperar centralidad en la agenda política. Como en otras épocas, el Presidente busca sacar rédito de la supuesta “campaña antiargentina” que él denuncia desde que la selección argentina perdió la final del Mundial con España. A las acusaciones de que este sería un país racista, el libertario respondió con un libreto propio del patrioterismo: un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que impide el ingreso y excluye de la residencia a quienes emitan mensajes hostiles contra cualquier ciudadano argentino. Organismos de derechos humanos y expertos denuncian la ilegalidad de la norma y la voluntad de hacer de las personas migrantes un chivo expiatorio de un Gobierno que no logra remontar en las encuestas y que empieza a quedar expuesto, ante la opinión pública, por su sumisión frente a las potencias extranjeras.

El Presidente se despachó con otro DNU, el 681/2026, para modificar la ley de Migraciones (23.592) sin pasar por el Congreso –que está en funcionamiento y, en pocos días, podría debatir la ley de extranjerización de la tierra.

A través del nuevo decreto, el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) restringe la posibilidad de ingresar al país y castiga con la expulsión a quienes ya están residiendo aquí por una serie de causales: emitir mensajes de odio en forma oral o escrita que inciten a la violencia contra el pueblo argentino o algún ciudadano argentino o haber participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales.

La justificación del DNU es escueta, por no decir nula. El texto únicamente señala que “han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”. No hay un solo caso mencionado ni la apelación a estadísticas que sustenten la afirmación.

Hacía tiempo que algunas de las usinas del Gobierno, como la Fundación Faro, venían amplificando una idea sacada del arcón de los peores recuerdos: la existencia de una “campaña antiargentina”. El concepto dista de ser nuevo. Fue el que empleó la dictadura en 1978 para desacreditar la denuncia que se hacía en el exterior de que en la Argentina se secuestraba, torturaba y desaparecía.

En el DNU, el Gobierno sostiene que las críticas que aparecieron en redes sociales entrañan un “riesgo para todos los argentinos” y una “flagrante violación de las condiciones de convivencia armónica y paz social”.

Dentro del oficialismo señalan al asesor Santiago Caputo como el autor intelectual del DNU. Desde sus redes sociales, el consejero del Presidente venía poniendo el foco en esta exacerbación del nacionalismo a raíz del Mundial, cuando la Casa Rosada quedó en offside gracias a un grupo de jugadores que hizo ondear la bandera que decía que “Las Malvinas son argentinas”, mientras la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se plegaba a las prohibiciones de ingresar cualquier símbolo a las canchas que hiciera presente el reclamo de soberanía sobre las islas. “El que putea a la Selección es antiargentino”, escribió días atrás Caputo.

El DNU habría sido redactado, según pudo reconstruir este diario, en la Secretaría de Legal y Técnica y habría pasado también por la Subsecretaría de Derechos Humanos –que depende del Ministerio de Justicia–. Las fuerzas celestiales, alineadas detrás del asesor presidencial, salieron a ensalzar el DNU tras un anuncio de la Oficina del Presidente.

“Excelente”, celebró Agustín Laje, referente de la Fundación Faro y uno de los más interesados en instalar la existencia de una “campaña antiargentina” en medios de comunicación tradicionales. “Los que odian a la Argentina no son bienvenidos”.

Las críticas contra el DNU recorrieron buena parte del arco político. Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Esteban Paulón (Provincias Unidas) lo calificaron como inconstitucional. Lo mismo sostuvo Agustín Rossi (Unión por la Patria).

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que “lo paradojal es que con esta normativa Milei no podría ingresar a Brasil o a España debido a su ‘discurso de odio’”. La diputada peronista Florencia Carignano, extitular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), sostuvo que, si se siguieran estos parámetros, el Presidente tendría vedado el ingreso a, al menos, ocho países –entre los que se cuenta Brasil por su reciente diatriba contra su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien llamó “basura” y “ladrón”.

El abogado Pablo Ceriani Cernadas, que dirige la especialización en Migración, Asilo y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), sostuvo en diálogo con Página/12 que el Gobierno no hizo ningún esfuerzo por dar argumentos o datos que justificaran un DNU.

“Es sumamente grave. Le está dando a la DNM una situación análoga a la del Poder Judicial para determinar qué es invitación a la violencia o al odio. En modo alguno, el Poder Ejecutivo puede tener esa atribución. Se abre el camino a todo tipo de arbitrariedades”, advirtió.

Otra de las paradojas señaladas por Ceriani Cernadas es que el DNU hace referencia a la ley antidiscriminación. Fue el propio Milei quien disolvió el organismo que se ocupaba de velar por su cumplimiento, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Lucía Galoppo, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), describió la situación como preocupante. “Nos parece que es una sobreactuación de la discusión que se viene dando en redes sociales más que una política pública activa, dado que parece difícil de implementar”, sostiene.

Para la integrante del CELS, hay distintos puntos de preocupación. Por un lado, el uso de un DNU para saltear la discusión en el Congreso. Por otro lado, el uso de categorías lo suficientemente vagas como para habilitar una intervención arbitraria, ya que no se especifica qué se entiende por discursos de odio o cuál es la diferencia entre una opinión crítica –que el Gobierno dice no sería alcanzada por las prohibiciones– y un discurso de odio.

Otra pregunta que se hacen en el organismo es si el DNU no abre la posibilidad de un ciberpatrullaje masivo o qué rol tendrán las denuncias anónimas, como se fomenta con los operativos de control de permanencia, ya que se habla de mensajes escritos u orales. “Estamos evaluando la posibilidad de cuestionarlo en los tribunales”, confió Galoppo.

Para la exministra de Seguridad Sabina Frederic, el DNU 681 se encuadra dentro de la política que viene llevando adelante el Gobierno de LLA. Esto incluye la modificación de la ley migratoria por decreto y los operativos que viene llevando adelante el Ministerio de Seguridad en un intento de replicar la política impulsada por Donald Trump en los Estados Unidos.

“La dificultad de aplicar este decreto y la arbitrariedad que se abre es enorme. La pregunta es quién va a hacer el análisis para determinar qué es un discurso de odio. Por otro lado, las fuerzas de seguridad tienen amplias atribuciones para hacer ciberpatrullaje”, añadió la antropóloga.

“Es paradójico, además, que el Gobierno promueve una ley que va contra la soberanía argentina, pero emite un decreto que empaña la historia argentina frente a la población migrante”, concluye Frederic.