A pesar del rechazo de organismos de DDHH
En la propuesta oficial se habla de “encarcelados” en lugar de secuestrados y se busca hacer foco en los “antecedentes” de las víctimas. Las autoridades respondieron a Página/12 que no había documentación al respecto, pero los papeles están.
Por Luciana Bertoia 01 de marzo de 2026 – Fuente: Página|12
El Gobierno quiere mantener en secreto los cambios que impulsa en el Museo Sitio ESMA en la víspera de los 50 años del golpe. La administración de Javier Milei busca, como ya había anticipado Página/12, introducir modificaciones en el relato que tiendan a criminalizar a quienes estuvieron allí secuestrados y a justificar el accionar de las Fuerzas Armadas.
El 20 de diciembre pasado, este diario publicó que había una ofensiva “revisionista” para modificar lo que se cuenta en lo que fue el núcleo del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). A través de diversas fuentes, este medio reconstruyó que el Gobierno pretendía cambiar el guión del museo —inaugurado en mayo de 2015 y declarado en 2023 patrimonio de la humanidad por la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
A partir de esa información, Página/12 presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer cuál era la propuesta oficial. Desde el Gobierno informaron que tomarían una prórroga excepcional para responder. Esta semana llegó la contestación: no había información.
La respuesta oficial sostiene que la solicitud “se orienta a conocer eventuales decisiones futuras de gobierno, extremos que, además de no encontrarse documentados, no configuran el derecho de acceso a la información pública”. La nota llevaba la firma de Marina Laura Frunzi, coordinadora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), del cual depende el Museo Sitio ESMA desde que el Gobierno decidió desjerarquizarlo.
No es cierto que no exista documentación sobre los cambios en marcha en el Museo ni que se trate de decisiones futuras. Por el contrario, las acciones preparatorias ya comenzaron.
Documentos hay
A finales de 2025, el Gobierno respondió a un cuestionamiento formulado por relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación del Museo Sitio ESMA. Entre otras cuestiones, los expertos internacionales le reprochaban a la administración libertaria no haber convocado al consejo asesor del Museo, integrado por referentes de organismos de derechos humanos y sobrevivientes del campo de concentración.
Frente a esa crítica, el Gobierno respondió que el consejo asesor “no fue convocado por no haberse dispuesto reformas en el sitio que hicieran necesaria su intervención, todo ello conforme las competencias previstas en la normativa vigente”. En rigor, esa afirmación tampoco era cierta: el director Fernando Vedoya había dispuesto cambios y ordenado retirar todas las intervenciones que daban cuenta de la violencia diferencial sufrida por las mujeres que estuvieron cautivas allí.
En el párrafo siguiente, el Gobierno informaba a la ONU que el 20 de noviembre se había realizado una reunión con los integrantes del consejo asesor, en la que “se expusieron los lineamientos generales de la gestión y los proyectos que se prevé desarrollar”.
Para entonces ya se sabía que habría modificaciones. La confirmación de que el Gobierno trabajaba en una reforma se produjo en la reunión del 17 de diciembre, cuando Vedoya distribuyó unos lineamientos que incluían una suerte de encuesta.
Un nuevo relato
La iniciativa oficial contempla dos ejes: modificar la muestra permanente —armada en base a la documentación y los testimonios aportados en los juicios por crímenes de lesa humanidad— y alterar el video de introducción al “contexto histórico”.
El Gobierno afirma que busca simplificar los contenidos porque, en general, el Museo es visitado por estudiantes de entre quince y 22 años que no suelen ser proclives a leer textos extensos y, por el contrario, están habituados a consumir materiales más ligeros en redes sociales.
El punto más polémico está vinculado con la intención de explicar el origen del golpe de Estado. Por el escaso desarrollo de la propuesta, la orientación parece ser establecer que las Fuerzas Armadas respondieron a la violencia de las organizaciones de izquierda. Tampoco hay elementos que permitan inferir que el proceso iniciado el 24 de marzo de 1976 sea considerado como el último eslabón de una larga cadena de irrupciones militares en la vida política argentina iniciada en 1930. Mucho menos hay mención a la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur conocida como Plan Cóndor.
En el documento —cuya existencia el Gobierno niega— se habla de “encarcelados y torturados en la ESMA”. Lejos de ser una cárcel, la ESMA fue un campo de concentración secreto. Tan secreto que en 1979 los represores decidieron sacar a los secuestrados y trasladarlos a una isla del Tigre para evitar que fueran vistos por los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que habían llegado al país para relevar la situación tras recibir cientos de denuncias. Para impedir que los comisionados identificaran el lugar —que ya aparecía en algunos testimonios de sobrevivientes— los marinos incluso realizaron modificaciones edilicias.
En ese mismo texto, el Gobierno también alude a “organizaciones extremistas”, como si todo el proceso de activación política de los años ’60 y ’70 pudiera reducirse a la violencia política. Es una incógnita si la actual administración pretendería calificar de ese modo a las Madres de Plaza de Mayo, dado que tres de sus integrantes —Azucena Villaflor de De Vincenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco— estuvieron cautivas allí, fueron torturadas y luego trasladadas para ser asesinadas en un vuelo de la muerte.
Las autoridades del Museo también muestran un especial interés en mencionar los “antecedentes” de las víctimas. Todo indica que se trata de una referencia al término policial utilizado para aludir a un registro criminal. Asimismo, buscan introducir menciones a las “acciones armadas” de las “organizaciones extremistas”.
Desde mediados del año pasado, el Museo Sitio ESMA quedó subsumido dentro del CIPDH, organismo conducido por Ana Mármora. Fue ella quien designó a Vedoya para dirigir el ex Casino de Oficiales. Ambos provienen del Frente Joven, un grupo creado para oponerse al matrimonio igualitario y al aborto. Bryan Mayer está a cargo de las relaciones institucionales del CIPDH. Ex liceísta, tuvo su momento de notoriedad cuando calificó como “pro terrorista” la película Argentina, 1985 —que retrata la labor de la fiscalía en el Juicio a las Juntas—. Debió, además, renunciar a un cargo en el Concejo Deliberante de Rafaela cuando se conoció un posteo suyo reivindicando el último golpe de Estado. Mayer ya se presenta como jefe de gabinete de Joaquín Mogaburu, aunque no tiene designación formal. Mogaburu, durante su paso por el Ministerio de Defensa, impulsó seminarios de “verdad completa” que abogaban por el perdón y la concordia.
No es la primera vez que se intenta modificar el guión del Museo. Fue parte de una propuesta formulada en 2017 por Alfredo Mauricio Vítolo, entonces asesor de Claudio Avruj, tal como publicó Horacio Verbitsky en este diario. Vítolo hoy está a cargo de los asuntos jurídicos de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Vítolo y Mogaburu se presentaron recientemente en la causa ESMA para solicitar una prórroga para la elevación a juicio de Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta y otros 32 represores, procesados por el juez Ariel Lijo cuando estaba al frente del expediente. No fueron pocos quienes interpretaron esa presentación como una maniobra dilatoria.
Página/12 consultó en Comodoro Py si el Gobierno había informado los cambios que pretende introducir en el Museo. La respuesta fue negativa.
En el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) confirmaron a este diario que el consejo asesor ya presentó su rechazo a la propuesta oficial —el documento cuya existencia el Gobierno niega— por considerar que altera los objetivos fundamentales del Museo Sitio ESMA.