Pretenden lograr la aprobación de la Ley de Glaciares
El Gobierno intentará sesionar el miércoles e irá por una victoria parlamentaria que les de oxígeno en medio de los escándalos que sacuden a la gestión.
Fuente: Página|12 – 06 de abril, 2026
Esta semana el oficialismo intentará aprobar la reforma de la Ley de Glaciares que los especialistas en ambiente entienden como un riesgo para las reservas de agua argentinas. Este martes a las 14, en la Cámara de Diputados buscarán conseguir un dictamen para llevarlo al recinto al día siguiente y, entonces, convertir en ley el proyecto que parece estar hecho a medida de las corporaciones internacionales mineras. El oficialismo definió llamar a una sesión especial para el próximo miércoles a las 15 en la Cámara de Diputados de la Nación, en la desesperada búsqueda de ganar una batalla parlamentaria que les de oxígeno frente a la agenda de escándalos y denuncias.
La agenda de Diputados marca que este martes habrá exposiciones de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, además de invitados de gobernadores provinciales. Al finalizar, planean firmar el dictamen de la reforma de Glaciares para sacarse de encima mayores debates. Esto se da tras la audiencia pública de fines de marzo, en la cual se anotaron para participar más de 102 mil expositores, pero los habilitados para hacerlo fueron menos de 400.
A la hora del conteo de votos, el famoso “poroteo” los libertarios parecen estar confiados. No consideran, al momento, la posibilidad de aceptar modificaciones a la norma que ya tiene media sanción del Senado.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, fue uno de los que allí pudo hacer uso de la palabra, y en diálogo con Página/12 contó que “los del oficialismo se dedicaron a hostilizar a quienes hablaban, sin siquiera reconocer lo que es un sistema de audiencia pública”.
“Eso no era el recinto de la Cámara de Diputados, lugar en donde se debería escuchar a la gente, porque muchos hicieron todo lo contrario”, contó Nápoli con la esperanza de que algunos legisladores sí hayan podido escuchar, para que esta semana tomen una decisión informada. Desde la agrupación de Greenpeace, Diego Salas también estuvo presente en esta audiencia, que evidenció lo poco que los diputados escuchan argumentos. “Yo fui testigo de las chicanas que se jugaron, las risas que había entre ellos: no aplaudieron absolutamente a nadie de los expositores que estaban en contra de la ley, solo aplaudieron a los pocos que se manifestaron a favor”, sostuvo Salas.
Además, relató que Greenpeace sobrevoló zonas de San Juan, en la región de Cuyo, donde ya hay emprendimientos mineros que violan la ley, y otros a la vera del glaciar que aguardan la modificación para empezar la destrucción de las zonas. Por esto Salas resaltó que los impactos que acarrea la reforma son inminentes, “y no son solo palabras”.
“Fuimos testigos de lo que está ocurriendo, y está claro que los senadores le dieron la espalda al agua, los diputados han ignorado a la gente, han traicionado la voluntad popular. Y si es que se confirma la aprobación de la reforma seguiremos trabajando, para demostrarles que van a escuchar al pueblo argentino”, determinó el integrante de la agrupación.
Quienes defienden esta reforma suelen ser funcionarios públicos o profesionales vinculados a empresas mineras. Para Nápoli, no hay voces independientes que se expresen a nivel público en este sentido. Los ambientalistas, científicos, docentes especializados en recursos naturales, todos se posicionan en contra y opinan que busca desregular un modelo extractivo sin antecedentes, que dañaría las reservas hídricas facilitadas por zonas de glaciares y periglaciares.
Para el especialista, el intento de reformar la ley no terminará este miércoles con la votación de diputados porque “es un proyecto inconstitucional, regresivo, que tiene problemas de carácter legal, así que seguramente tendrá un largo y vasto capítulo en la Justicia”. Esto es así porque en 2020 el país aprobó el acuerdo ambiental de Escazú que establece el “principio de no regresión ambiental”, que implica que las políticas de protección ambiental pueden modificarse o ampliarse, pero no disminuir.
En la actualidad, a nivel nacional hay un piso mínimo de protección ambiental que determina en qué zonas pueden realizarse actividades mineras, hidrocarburíferas y de infraestructura. La reforma apunta a que cada provincia marque estos límites por cuenta propia. Según Nápoli, “más que obedecer a razones técnicas, esto obedece a razones políticas”.
El Inventario Nacional de Glaciares es un mapa de acceso público en el que se ven con claridad las zonas que deben protegerse. Fue realizado por científicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del CONICET y, si se respeta la Constitución Nacional, los elementos del inventario no podrían eliminarse.
Salas analizó que, hasta hoy, los números no son favorables para la votación en Diputados, “pero seguiremos trabajando hasta el mismo miércoles y, si se aprueba, no vamos a bajar los brazos ni desesperanzarnos: sabemos los intereses que hay en juego y por eso sabemos lo difícil que es torcer algunas voluntades, pero no perdemos las esperanzas”.
Informe: Camila Pace