Universidades: la Cámara salió al auxilio de Santilli para que no pague la multa

Usó una queja antigua del Gobierno para suspender la sanción contra el jefe de Gabinete. Uno de los camaristas que firmó el fallo había viajado con Milei a París.

PorLuciana Bertoia – Fuente: https://www.pagina12.com.ar/ 16 de octubre de 2026.

Javier Milei se tomó un rato de su viaje por los Estados Unidos para retuitear un mensaje de su amiga y ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el que festejaba un fallo. La algarabía oficial era grande porque la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con una estratagema, suspendió la decisión del juez Martín Cormick de aplicarle astreintes al jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante la resistencia del Gobierno para cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). Todo sucedía mientras la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, desplegaba un operativo descomunal para reprimir a quienes salieron a manifestarse en defensa de las universidades públicas.

En los tribunales se discute el rechazo de la administración libertaria a cumplir con la LFEU, que fue aprobada en agosto pasado por el Congreso. En octubre, Milei la vetó. Tanto el Senado como Diputados insistieron con la norma, como establece la Constitución. Sin embargo, el Presidente no promulgó la ley sin más. Decidió firmar un decreto, el 759/2025, que decía que no se cumpliría con lo resuelto por el Congreso hasta tanto no se especificara de dónde saldrían las partidas presupuestarias.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impugnó judicialmente el decreto de Milei y pidió que se dictara una medida cautelar que obligara al Gobierno a cumplir con dos puntos de la ley vinculados a la actualización de salarios y becas.

El proceso se dividió en dos: la medida cautelar y el fondo de la discusión sobre la constitucionalidad del decreto. El 23 de diciembre, Cormick concedió la cautelar que le ordenaba pagar al Gobierno. En marzo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó su resolución. La decisión quedó firme el 25 de junio pasado, cuando la Corte Suprema desestimó los recursos del Poder Ejecutivo.

El 6 de octubre pasado, Cormick resolvió el fondo. Sostuvo que el decreto era inconstitucional porque Milei había recurrido a un mecanismo que no estaba previsto en la Constitución para no cumplir con la LFEU. El Gobierno apeló este fallo. El viernes pasado, Cormick concedió la apelación, pero avisó que continuaría con la ejecución de la medida cautelar.

En el último mes, Cormick intimó en dos oportunidades al Gobierno para que actualizara los salarios y las becas. Lo hizo el 22 y el 30 de septiembre. En ambas oportunidades, dijo que debía cumplirse con la cautelar en un plazo de cinco días bajo apercibimiento de aplicar astreintes. Las astreintes son una multa pecuniaria.

El CIN se presentó para informar que el Gobierno seguía sin cumplir con la decisión del juez. El miércoles, Cormick decidió aplicarle astreintes al titular de la Jefatura de Gabinete, o sea, a Diego Santilli, por la resistencia a obedecer a los tribunales. Desde el Gobierno salieron a instalar que Cormick era un “juez K” y anunciaron que apelarían su resolución para que Santilli no debiera abonar los 100 mil pesos por cada día de incumplimiento.

En paralelo, hizo su entrada en escena la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Tomó una queja que había presentado días atrás el Gobierno –o sea, antes de que se aplicaran las astreintes– y suspendió todo.

“En la especie, la apelación intentada por la recurrente resulta formalmente procedente, pues —dado el alcance de la resolución cuestionada y, sin que lo que, por el presente se decide, importe adelantar opinión acerca del cabal cumplimiento o no de la medida cautelar dispuesta en autos—, lo cierto es que la decisión tomada por el a quo de denegar el recurso de apelación —en subsidio al de revocatoria—, es susceptible de generarle un gravamen irreparable a la parte demandada”, escribieron los integrantes de la Sala III.

El Gobierno había presentado una queja porque Cormick había dicho que no correspondía apelar la intimación porque la medida cautelar ya había sido dejada firme por la Corte. Sin embargo, los abogados del Poder Ejecutivo se las ingeniaron para decir que, en realidad, no sabían de cuánto era el incumplimiento y que eso afectaba su derecho de defensa.

Según el Gobierno, los salarios universitarios aumentaron un 226,80 por ciento entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, aún por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La Cámara no dijo ni sí ni no, pero dejó en stand-by la resolución de Cormick. Algo parecido sucedió en la Cámara del Trabajo con el freno a la cautelar sobre la reforma laboral.

El fallo que pone en suspenso la decisión de Cormick fue firmado por Sergio Fernández, Jorge Morán y José Luis López Castañeira. Fernández regresó hace pocos días al país: había estado de viaje por Francia con la comitiva oficial que encabezó el Presidente. Fue uno de los tres camaristas que invitó la Casa Rosada para mostrar seguridad jurídica ante los inversores en París.