{"id":2599,"date":"2026-06-01T06:41:06","date_gmt":"2026-06-01T09:41:06","guid":{"rendered":"https:\/\/fmmural91.uno\/2024\/?p=2599"},"modified":"2026-06-01T06:41:07","modified_gmt":"2026-06-01T09:41:07","slug":"ajuste","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fmmural91.uno\/2024\/ajuste\/","title":{"rendered":"Ajuste"},"content":{"rendered":"\n

Desguace laboral de Milei: menos controles, recorte de presupuesto y mayor margen para el trabajo informal<\/h1>\n\n\n\n

Un informe advirti\u00f3 que el ajuste en la Secretar\u00eda de Trabajo combina despidos, cierre de agencias territoriales, recortes presupuestarios y menor capacidad de fiscalizaci\u00f3n en un pa\u00eds donde 4 de cada 10 trabajadores est\u00e1 sin registrar.<\/p>\n\n\n\n

Por Eugenia Rodr\u00edguez<\/a> – Fuente: https:\/\/www.eldestapeweb.com\/<\/a> – 01de junio, 2026<\/p>\n\n\n\n

Mientras crece la alerta por una posible reestructuraci\u00f3n del Ministerio de Capital Humano<\/a> que implicar\u00eda, en otros, recortes sensibles en el \u00e1rea laboral con eliminaci\u00f3n de funciones y cientos de despidos, un informe puso sobre la mesa un proceso m\u00e1s profundo: el progresivo desmantelamiento de la pol\u00edtica laboral nacional.<\/strong> La investigaci\u00f3n, presentada por el Instituto de Estudio sobre Estado y Participaci\u00f3n (IDEP), sostuvo que la reducci\u00f3n de personal, el ajuste presupuestario y la p\u00e9rdida de capacidades de fiscalizaci\u00f3n configuran un escenario de triple debilitamiento: institucional, presupuestario y operativo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Tal diagn\u00f3stico cobra especial relevancia en un pa\u00eds en el que, seg\u00fan datos oficiales, m\u00e1s de tres de cada diez trabajadores relevados en empresas inspeccionadas se encontraban sin registrar, porcentaje que supera el 40% en varias provincias<\/strong>. Seg\u00fan el relevamiento, en los dos a\u00f1os de gesti\u00f3n de Javier Milei<\/a>, el gasto ejecutado por el \u00e1rea laboral cay\u00f3 64,5% en t\u00e9rminos reales<\/strong>. Las partidas destinadas a capacitaci\u00f3n laboral y empleo se redujeron m\u00e1s del 70,0% y las orientadas a la regularizaci\u00f3n del trabajo, un 31%. Para 2026, adem\u00e1s, el presupuesto proyect\u00f3 una nueva contracci\u00f3n real del 34%, respecto del a\u00f1o anterior.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Lo que est\u00e1 en juego, remarcaron los especialistas, es la capacidad estatal para controlar el fraude laboral<\/a>, combatir el empleo no registrado, intervenir ante situaciones de trabajo infantil y acercar pol\u00edticas de empleo y capacitaci\u00f3n a todo el territorio nacional. En otras palabras, mientras el Estado reduce herramientas de control, tambi\u00e9n consolida un marco que flexibiliza las sanciones al incumplimiento empresario, y todo ello en un pa\u00eds donde se agrava la informalidad como problema estructural.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El ajuste que vac\u00eda el \u00e1rea laboral<\/h2>\n\n\n\n

La Secretar\u00eda de Trabajo no s\u00f3lo enfrenta una reducci\u00f3n de personal, tambi\u00e9n atraviesa una p\u00e9rdida progresiva de presencia territorial <\/strong>que amenaza con concentrar funciones en la administraci\u00f3n central y debilitar la capacidad de intervenci\u00f3n en las provincias.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el informe elaborado por el IDEP-ATE, el ajuste sobre el empleo p\u00fablico nacional ya provoc\u00f3 la eliminaci\u00f3n de 66.402 puestos de trabajo<\/strong> entre noviembre de 2023 y febrero de este a\u00f1o, es decir, una ca\u00edda del 19,3%. El impacto fue particularmente fuerte en el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello<\/a>. La cartera que absorbi\u00f3 funciones de los ex ministerios de Trabajo, Educaci\u00f3n, Desarrollo Social, Mujeres y Ni\u00f1ez pas\u00f3 de concentrar una estructura que reun\u00eda 15.224 trabajadores a contar actualmente con 8.509<\/strong>. En t\u00e9rminos absolutos, la reducci\u00f3n alcanz\u00f3 los 6.715 puestos, equivalente a casi la mitad de la dotaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A su vez, este a\u00f1o, voceros del Gobierno circularon la informaci\u00f3n de que se avanzar\u00eda en el cierre de las 43 Agencia Territoriales distribuidas en el pa\u00eds<\/a>, previendo el despido de aproximadamente 1.600 personas empleadas<\/strong>, a lo que se suma versiones period\u00edsticas recientes<\/a> que dan cuentan de una posible reestructuraci\u00f3n<\/a> que implicar\u00eda el cierre de m\u00e1s de medio centenar de \u00e1reas y eliminaci\u00f3n de cargos jer\u00e1rquicos<\/p>\n\n\n\n

Para las autoras de la investigaci\u00f3n, la eventual eliminaci\u00f3n de las agencias territoriales no constituye una medida aislada sino la profundizaci\u00f3n de una estrategia de desmantelamiento institucional. Estas dependencias cumplen funciones clave para la implementaci\u00f3n de programas de empleo, capacitaci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n laboral en todo el pa\u00eds, adem\u00e1s de articular pol\u00edticas con municipios, provincias, sindicatos y empresas<\/strong>. Su desaparici\u00f3n implicar\u00eda reducir la presencia territorial del Estado en materia laboral<\/strong> y concentrar funciones en la administraci\u00f3n central.<\/p>\n\n\n\n

Recorte presupuestario<\/h2>\n\n\n\n

El ajuste sobre la estructura estatal estuvo acompa\u00f1ado por un fuerte recorte de recursos<\/strong>. En 2026 la Secretar\u00eda de Trabajo, Empleo y Seguridad Social cuenta con un presupuesto equivalente a apenas el 0,65% del gasto total de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional y al 0,10% del Producto Bruto Interno estimado.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La comparaci\u00f3n con los a\u00f1os previos exhibi\u00f3 la magnitud del achicamiento. Entre 2023 y 2025 el gasto ejecutado por el \u00e1rea cay\u00f3 64,5% en t\u00e9rminos reales. Las pol\u00edticas de capacitaci\u00f3n laboral registraron una baja del 78,8%, las acciones de empleo se redujeron 74%, mientras que los programas vinculados a la formulaci\u00f3n de pol\u00edticas laborales y la regularizaci\u00f3n del trabajo sufrieron recortes del 43,1 y 31%, respectivamente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Lejos de revertirse, esa tendencia se profundizar\u00eda durante este a\u00f1o.\u00a0El\u00a0presupuesto vigente para 2026<\/a>\u00a0proyect\u00f3\u00a0una nueva ca\u00edda real del 34% respecto de la ejecuci\u00f3n de 2025.\u00a0<\/strong>Entre las \u00e1reas m\u00e1s afectadas aparece la\u00a0desaparici\u00f3n del programa espec\u00edfico de Articulaci\u00f3n Territorial,\u00a0<\/strong>una herramienta central para coordinar pol\u00edticas laborales en las distintas regiones del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Alta informalidad y menos controles<\/h2>\n\n\n\n

El debilitamiento de las capacidades estatales ocurre en un contexto en el que la informalidad laboral<\/a> contin\u00faa siendo uno de los principales problemas del mercado de trabajo argentino. Los datos acumulados del Plan Nacional de Regularizaci\u00f3n del Trabajo evidenciaron que el 30,2% de los trabajadores relevados en empresas fiscalizadas se encontraba sin registrar.<\/strong> La situaci\u00f3n es a\u00fan m\u00e1s grave en varias provincias, donde el empleo no registrado supera el 40%, como Santiago del Estero, Salta, San Luis, La Rioja, Jujuy, Corrientes, Chaco y Catamarca<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El informe realizado por las investigadoras Noem\u00ed Giosa Zuaz\u00faa, Ana Rameri y Mariana Rivolta sostuvo, lejos de los argumentos a favor de una retirada del Estado, que la persistencia del trabajo no registrado, sumada a problem\u00e1ticas como el trabajo infantil y adolescente -especialmente extendidas en \u00e1mbitos rurales-, exige fortalecer los mecanismos de inspecci\u00f3n<\/strong> y la presencia territorial de los organismos laborales.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, la orientaci\u00f3n oficial avanza en sentido inverso. Mientras se reducen recursos y estructuras destinadas a la fiscalizaci\u00f3n, tambi\u00e9n disminuye el alcance efectivo de los controles. Seg\u00fan el relevamiento, aunque la meta formal de inspecciones<\/a> se mantiene en 192.000 establecimientos por a\u00f1o, la cobertura real caer\u00e1 del 25 al 15% de los establecimientos registrados, lo que implica una menor capacidad para detectar incumplimientos y garantizar derechos laborales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El riesgo es que el debilitamiento de las \u00e1reas encargadas de controlar las condiciones laborales termine consolidando un escenario donde la informalidad, la precarizaci\u00f3n y el incumplimiento empresario encuentren cada vez menos obst\u00e1culos por parte del Estado<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Del castigo a beneficios para infractores<\/h2>\n\n\n\n

La llamada Ley de Modernizaci\u00f3n Laboral<\/a> habilit\u00f3 amplias condonaciones de multas y sanciones para empleadores<\/strong> que mantuvieron trabajadores sin registrar. De ese modo, mientras se achican los controles, la reforma laboral habilit\u00f3 blanqueos con condonaciones de multas de, al menos, el 70% y la salida de empleadores sancionados de los registros de infractores. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

M\u00c1S INFO<\/p>\n\n\n\n

\"S\u00faper<\/figure>\n\n\n\n

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Inversiones<\/a><\/p>\n\n\n\n

S\u00faper RIGI: festival de exenciones impositivas mientras sigue el ajuste<\/a><\/p>\n\n\n\n

Por Javier Slucki<\/a><\/p>\n\n\n\n

Para las autoras, la medida implica una modificaci\u00f3n profunda en la l\u00f3gica de intervenci\u00f3n estatal. En lugar de fortalecer los mecanismos de inspecci\u00f3n y castigo frente al fraude laboral, el esquema promueve incentivos para la regularizaci\u00f3n posterior de relaciones laborales que previamente se desarrollaron al margen de la ley. <\/strong>As\u00ed, mientras disminuye la presencia territorial del Estado, se recortan recursos destinados al control y se reduce el alcance efectivo de las inspecciones, tambi\u00e9n se flexibilizan las consecuencias para quienes incumplieron las normas laborales. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00abDesarmar esa institucionalidad\u00bb, resume el documento, \u00absignifica reducir la capacidad del Estado para proteger a quienes trabajan y ampliar los m\u00e1rgenes de impunidad frente al incumplimiento laboral\u00bb.<\/strong> En ese sentido, la discusi\u00f3n de fondo apunta al rol que tendr\u00e1 el Estado en el mundo del trabajo<\/a> durante los pr\u00f3ximos a\u00f1os y en un contexto de alta informalidad, deterioro de ingresos y ofensiva sobre derechos laborales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n