{"id":2711,"date":"2026-06-16T06:40:15","date_gmt":"2026-06-16T09:40:15","guid":{"rendered":"https:\/\/fmmural91.uno\/2024\/?p=2711"},"modified":"2026-06-16T06:40:16","modified_gmt":"2026-06-16T09:40:16","slug":"congreso-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fmmural91.uno\/2024\/congreso-3\/","title":{"rendered":"Congreso"},"content":{"rendered":"\n

El enga\u00f1o de la Ley de Lobby: otro intento antidemocr\u00e1tico de Milei<\/h1>\n\n\n\n

Mientras desregula al m\u00e1ximo la actividad econ\u00f3mica, Milei propone una regulaci\u00f3n estricta para los actores de la sociedad civil que intenten democr\u00e1ticamente incidir sobre las pol\u00edticas p\u00fablicas. A tono con la ultraderecha global, busca obstaculizar la participaci\u00f3n ciudadana con la Ley de Lobby. Antes lo hab\u00eda intentado v\u00eda la IGJ.<\/p>\n\n\n\n

Por\u00a0Noelia Barral Grigera<\/a>\u00a0 – Fuente: https:\/\/www.eldestapeweb.com\/<\/a> – 16 de junio, 2026<\/p>\n\n\n\n

A tono con las ultraderechas en todo el mundo, que han desplegado una estrategia sostenida para disminuir el espacio de acci\u00f3n de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de Javier Milei impulsa en el Congreso desde hace dos semanas su proyecto de\u00a0Ley de Lobby<\/a>. Ese texto es considerado por organizaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales (ONGs), sindicatos y asociaciones de periodistas como\u00a0un intento claro de restricci\u00f3n y vigilancia de la participaci\u00f3n ciudadana<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En un exhaustivo an\u00e1lisis del proyecto de ley, estas organizaciones concluyen que la iniciativa \u201cimpacta de forma directa sobre el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades\u201d. El documento fue publicado por Amnist\u00eda Internacional, ACIJ, CEDES, CELS, ELA, Fopea, Fundar, Fundaci\u00f3n Hu\u00e9sped, Sipreba y Poder Ciudadano, entre otros, y se titula\u00a0\u201cLey de Participaci\u00f3n Vigilada\u201d<\/strong>, que es el nombre que consideran m\u00e1s adecuado para el proyecto que present\u00f3 el gobierno libertario.<\/p>\n\n\n\n

El principal conflicto que encuentran en la redacci\u00f3n del texto pasa por la definici\u00f3n de lobbista o gestor de intereses, que para la propuesta del Gobierno es cualquier persona que, con o sin fines de lucro<\/strong>, intente incidir en una pol\u00edtica p\u00fablica. Como marc\u00f3 Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, en el debate en comisiones en la C\u00e1mara de Diputados: \u201cSusana Trimarco perdi\u00f3 a su hija, Marita Ver\u00f3n, secuestrada por una red de trata en 2002. Recorri\u00f3 el pa\u00eds, golpe\u00f3 puertas de legislaturas y el Congreso de la Naci\u00f3n, se sent\u00f3 en mesas como estas, exigi\u00f3 cambios de ley y los logr\u00f3. Juan Carlos Blumberg, perdi\u00f3 a su hijo Axel, estudiante de ingenier\u00eda, secuestrado y asesinado en 2004. A nueve d\u00edas de enterrarlo, escribi\u00f3 un petitorio con propuestas concretas de reforma penal y se present\u00f3 en este Congreso de la Naci\u00f3n. Mar\u00eda Luj\u00e1n Rey busc\u00f3 a su hijo Lucas entre los escombros de Once, lo encontr\u00f3 tres d\u00edas despu\u00e9s. Desde ese momento dedic\u00f3 su vida a exigir condenas, reformas y pol\u00edticas de seguridad vial. Ninguno de ellos ten\u00eda intereses econ\u00f3micos.<\/strong> Seg\u00fan la definici\u00f3n de este proyecto, todas estas personas que nombr\u00e9 son gestores de intereses. Todos deber\u00edan registrarse igual que una minera, una tabacalera o cualquier tipo de industria. todos podr\u00edan ser pasibles de sanciones penales si no lo hacen\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Para las organizaciones de la sociedad civil, el temor de que el Gobierno avance en la limitaci\u00f3n de sus campos de acci\u00f3n existe desde el 10 de diciembre de 2023. Gestiones cercanas, por similitudes ideol\u00f3gicas o de formas, a la del presidente Javier Milei han tomado decisiones en ese sentido. En Hungr\u00eda,<\/strong> por ejemplo, el ex primer ministro Viktor Orban avanz\u00f3 con un paquete legislativo que, bajo el argumento de la \u201cdefensa de la soberan\u00eda\u201d, criminaliz\u00f3 el financiamiento internacional de actividades pol\u00edticas, con penas de hasta tres a\u00f1os de prisi\u00f3n. No es casual que, despu\u00e9s de intercambios entre figuras libertarias y enviados de Orban, tanto en Hungr\u00eda como en Buenos Aires, el proyecto de Ley de Lobby asocie a las organizaciones que reciben financiamiento de la cooperaci\u00f3n internacional \u2013algo que estas entidades destacan como habitual en \u00e1reas como derechos humanos, transparencia o fortalecimiento democr\u00e1tico\u2013 con la representaci\u00f3n de intereses extranjeros.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, \u201csi se aprueba como est\u00e1, la ley va a afectar de manera significativa a las organizaciones de derechos humanos y comunitarias<\/strong>, a las organizaciones sociales, a las universidades, a los centros de estudiantes, a los sindicatos, a los periodistas, a las iglesias, a las redes de incidencia, a las organizaciones internacionales, a la sociedad civil en general\u201d. <\/p>\n\n\n\n

\u201cMientras el Poder Ejecutivo propone la m\u00e1xima desregulaci\u00f3n de la actividad econ\u00f3mica, propone un proyecto hiperregulatorio, hipersancionatorio e hiperrestrictivo de la participaci\u00f3n pol\u00edtica\u201d, contrast\u00f3 Litvachky.<\/p>\n\n\n\n

Mientras que Ver\u00f3nica Gonz\u00e1lez, miembro de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) agreg\u00f3: \u201cReunirnos con los legisladores, impulsar reformas, participar del debate p\u00fablico: eso es lo que hacemos. Nos cost\u00f3 much\u00edsimo que nos reconocieran como interlocutores y actores pol\u00edticos v\u00e1lidos. Cuando el Gobierno cuestion\u00f3 las pensiones por discapacidad, las personas con discapacidad quedamos bajo sospecha de fraude. Ahora nuestras organizaciones quedan bajo sospecha de operar intereses ocultos. No es casual: es un patr\u00f3n. Militamos en nuestros tiempos libres, no tenemos abogados que trabajen para la organizaci\u00f3n. Esta carga administrativa es para nosotros sencillamente inviable\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El intento de controlar a las organizaciones de la sociedad civil no es nuevo<\/strong> para el gobierno de Milei. En octubre de 2024 la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA) fue el ejemplo perfecto del intento de disciplinamiento a trav\u00e9s de la Inspecci\u00f3n General de Justicia (IGJ)<\/strong>, que suspendi\u00f3 las elecciones en la organizaci\u00f3n y le prohibi\u00f3 modificar su estatuto. El presidente de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, ya hab\u00eda conseguido un fallo judicial que le permiti\u00f3 avanzar igual y fue reelecto. Pero el intento de intromisi\u00f3n qued\u00f3 al desnudo.<\/p>\n\n\n\n

Se trata de la misma IGJ que no reclam\u00f3 documentaci\u00f3n faltante ni se alarm\u00f3 por los plazos vencidos en la rendici\u00f3n de cuentas de la libertaria Fundaci\u00f3n Faro y que tiene un ampl\u00edsimo nivel de influencia sobre las actividades de asociaciones civiles y fundaciones. Para evitar su discrecionalidad, muchas ONGs evaluaron y eval\u00faan sacar sus sedes centrales de la Ciudad de Buenos Aires, para no quedar bajo la supervisi\u00f3n de la IGJ. Mudarse al conurbano o a una provincia es una estrategia que aparece en el men\u00fa. El mismo camino que recorri\u00f3 la AFA, que cambi\u00f3 su sede a Ezeiza. \u00bfCu\u00e1ntas asociaciones civiles y ONGs la seguir\u00e1n?<\/p>\n\n\n\n