Por\u00a0Paula Marussich<\/a> – Fuente: https:\/\/www.pagina12.com.ar\/<\/a> 18 de septiembre, 2026.<\/p>\n\n\n\n El proyecto de Defensa de la Soberan\u00eda que envi\u00f3 la Casa Rosada podr\u00eda borrar la frontera jur\u00eddica entre Seguridad Interior y Defensa y erosionar las garant\u00edas constitucionales. Detr\u00e1s del nuevo r\u00e9gimen de sanciones para la explotaci\u00f3n ilegal de recursos en las Islas Malvinas, el proyecto crea tambi\u00e9n un Consejo Nacional de Seguridad que presidir\u00e1 Javier Milei para responder ante \u201camenazas\u201d de forma aut\u00f3noma, sin pasar por el Congreso, y ampl\u00eda la intervenci\u00f3n de las Fuerzas Armadas. La ley incorpora un r\u00e9gimen de derribo de aeronaves, crea nuevos delitos vinculados con la influencia extranjera y penaliza las campa\u00f1as destinadas a \u201cmanipular la opini\u00f3n p\u00fablica\u201d. Tambi\u00e9n introduce cambios en el financiamiento de los partidos pol\u00edticos y crea el RePET, un registro que podr\u00e1 incluir a personas y entidades cuando existan \u201cmotivos razonables para sospechar\u201d su vinculaci\u00f3n con actos de terrorismo o su financiamiento. En Diputados, por donde ingres\u00f3 el proyecto, el peronismo analizar\u00e1 este viernes su contenido en una reuni\u00f3n de bloque, mientras que la bancada Justicialista del Senado impulsa la creaci\u00f3n de una comisi\u00f3n bicameral para el seguimiento parlamentario de la cuesti\u00f3n Malvinas.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el propio Gobierno, \u201cla Ley de Defensa de la Soberan\u00eda Nacional se estructura sobre tres pilares\u201d: castigar a quienes explotan de manera ileg\u00edtima los recursos naturales, generar incentivos para que abandonen esa actividad y dotar al Estado de herramientas para responder frente a amenazas externas. Sin embargo, de los ocho t\u00edtulos que la componen, solo el primero est\u00e1 dedicado espec\u00edficamente al r\u00e9gimen de sanciones vinculado con Malvinas. El proyecto reemplaza la Ley 26.659 y ampl\u00eda su alcance. Las penalidades exceden la actividad hidrocarbur\u00edfera y abarcan cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales, renovables o no renovables. Las sanciones alcanzan tanto a las empresas que realizan directamente esas actividades como a sus socios, accionistas y proveedores. Adem\u00e1s, habilita el juicio en ausencia y establece un r\u00e9gimen especial de incentivos para las compa\u00f1\u00edas que abandonen sus operaciones en las islas y decidan invertir en la Argentina continental.<\/p>\n\n\n\n El T\u00edtulo II crea el Consejo Nacional de Seguridad (ver aparte), a imagen y semejanza del norteamericano, y es el punto que concentra las mayores cr\u00edticas. El Gobierno justifica su creaci\u00f3n en la necesidad de que \u201cla Defensa, la Seguridad Nacional, la Inteligencia de Estado, la Canciller\u00eda y el Ministerio de Econom\u00eda\u201d act\u00faen de manera coordinada. Entre las atribuciones del Consejo figuran la definici\u00f3n de prioridades de inversi\u00f3n, investigaci\u00f3n, capacitaci\u00f3n y desarrollo; el control aeroespacial, mar\u00edtimo, fluvial y lacustre; y la elaboraci\u00f3n de una estrategia nacional para proteger las infraestructuras cr\u00edticas. Todo estar\u00e1 presidido por el propio Milei. Para la experta en Defensa, Mar\u00eda Cristina Perceval, \u201chay una concentraci\u00f3n exacerbada del poder de decisi\u00f3n en el Presidente, teniendo en cuenta adem\u00e1s que el Consejo ser\u00eda el que aprueba pol\u00edticas sectoriales de Defensa, Relaciones Exteriores, Econom\u00eda e Inteligencia\u201d. Adem\u00e1s, advierte que \u201cese Consejo de Seguridad (enti\u00e9ndase el Presidente al fin y al cabo) asume funciones punitivas directas, desplazando la intervenci\u00f3n de los jueces en la etapa preventiva y resolutiva primaria\u201d.<\/p>\n\n\n\n Una frontera difusa<\/strong><\/p>\n\n\n\n Este t\u00edtulo del proyecto tambi\u00e9n incluye un cl\u00e1sico fetiche de los gobiernos de derecha: cambios a la Ley de Defensa Nacional 23.554 de 1988.<\/strong> La norma establece estrictamente que la Defensa Nacional se ocupa de las agresiones o amenazas de origen externo, diferenci\u00e1ndola de la Seguridad Interior. El proyecto modifica ese principio al incorporar expresamente las amenazas \u201cde car\u00e1cter estatal o no estatal\u201d para el empleo de las Fuerzas Armadas. As\u00ed, la reforma habilita de forma expresa la intervenci\u00f3n de las Fuerzas Armadas en la protecci\u00f3n de las infraestructuras cr\u00edticas que determine el Consejo de Seguridad Nacional. La definici\u00f3n es amplia y alcanza, entre otras \u00e1reas, a la salud, la energ\u00eda, el sistema financiero y las redes de servicios esenciales. \u201cSi las Fuerzas Armadas comienzan a asumir funciones que corresponden al \u00e1mbito de la seguridad interior, se estar\u00eda alterando una distinci\u00f3n que en la Argentina no es accidental: es uno de los pilares construidos despu\u00e9s de 1983 para subordinar el instrumento militar al poder pol\u00edtico democr\u00e1tico y delimitar claramente su \u00e1mbito de actuaci\u00f3n\u201d, dijo ante este diario la presidenta de la Asociaci\u00f3n de Estudios de Relaciones Internacionales, Ver\u00f3nica P\u00e9rez Taffi.<\/p>\n\n\n\n Para el diputado Jorge Taiana, \u201cel proyecto de ley contradice nuestra doctrina democr\u00e1tica basada en los tres pilares: defensa, seguridad e inteligencia. Utilizan la causa Malvinas como caballo de Troya para habilitar la persecuci\u00f3n y estigmatizaci\u00f3n de cualquier oposici\u00f3n al Gobierno\u201d.<\/p>\n\n\n\n El T\u00edtulo III contiene un r\u00e9gimen de derribo de aeronaves y establece un mecanismo similar para buques considerados \u201chostiles\u201d en el mar. Una atribuci\u00f3n que no fue anunciada durante la cadena nacional. La iniciativa sostiene que el procedimiento \u201cse ejecutar\u00e1 de conformidad con el derecho internacional aplicable, en particular, respecto de aeronaves civiles en vuelo, a efectos de no poner en peligro la vida de los ocupantes de las aeronaves ni la seguridad de \u00e9stas\u201d. Mauricio Macri autoriz\u00f3 el derribo de aeronaves por decreto durante su gobierno, una medida que luego fue derogada por Alberto Fern\u00e1ndez.<\/p>\n\n\n\n Amenaza \u201cno estatal\u201d: somos todos<\/strong><\/p>\n\n\n\n El proyecto tambi\u00e9n incorpora al C\u00f3digo Penal delitos vinculados con la desinformaci\u00f3n y la influencia extranjera. El art\u00edculo 225 bis establece penas de entre 5 y 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n para quienes act\u00faen por encargo o con financiamiento de un Estado u organizaci\u00f3n extranjera. La ley tipifica como delito la \u201cmanipulaci\u00f3n de la opini\u00f3n p\u00fablica\u201d.<\/strong> Perceval advirti\u00f3 sobre la necesidad de precisar qu\u00e9 entiende el Ejecutivo por ese delito y, en particular, qu\u00e9 conductas pueden ser consideradas \u201cdesinformaci\u00f3n masiva\u201d. Tambi\u00e9n advirti\u00f3 que la amplitud de la definici\u00f3n podr\u00eda abrir la puerta a que campa\u00f1as coordinadas financiadas desde el exterior, destinadas a alterar procesos electorales o modificar la opini\u00f3n p\u00fablica, terminen convirti\u00e9ndose en una herramienta para perseguir la disidencia pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n En la misma l\u00ednea, la iniciativa modifica la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Pol\u00edticos para impedir y sancionar los aportes de campa\u00f1a provenientes de personas extranjeras sin residencia permanente en el pa\u00eds y de personas jur\u00eddicas constituidas en el exterior.<\/p>\n\n\n\n Por \u00faltimo, el proyecto crea el Registro P\u00fablico de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET), que funcionar\u00e1 bajo la \u00f3rbita de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF). Para ingresar al registro no ser\u00e1 necesaria una condena penal. La iniciativa establece que podr\u00e1n ser incorporadas personas o entidades cuando existan \u201cmotivos razonables para sospechar\u201d su vinculaci\u00f3n con actos de terrorismo o con su financiamiento.<\/p>\n\n\n\n Recorrido parlamentario<\/strong><\/p>\n\n\n\n En Diputados, por donde ingres\u00f3 el proyecto, el oficialismo todav\u00eda no defini\u00f3 fechas ni las comisiones que intervendr\u00e1n en su tratamiento, pese al pedido del Ejecutivo de darle prioridad y celeridad. El peronismo analizar\u00e1 este viernes el contenido de la iniciativa en una reuni\u00f3n de bloque. Mientras tanto, en el Senado, la bancada Justicialista impulsa la creaci\u00f3n de una comisi\u00f3n bicameral para el seguimiento parlamentario de la cuesti\u00f3n Malvinas, a partir de un proyecto presentado por Jorge Capitanich.<\/p>\n\n\n\n Para la analista Ver\u00f3nica P\u00e9rez Taffi, la discusi\u00f3n que se abre obliga a preguntarse qu\u00e9 instrumentos institucionales se utilizar\u00e1n para proteger los recursos del Atl\u00e1ntico Sur, qu\u00e9 nuevas competencias se asignar\u00e1n a las Fuerzas Armadas, bajo qu\u00e9 condiciones podr\u00e1n ejercerlas y cu\u00e1les ser\u00e1n los l\u00edmites jur\u00eddicos de esa intervenci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un proyecto plagado de trampas para la democracia La iniciativa prev\u00e9 respuestas a supuestas amenazas, externas e internas, sin que medie un control parlamentario. El rol de las Fuerzas Armadas. Por\u00a0Paula Marussich – Fuente: https:\/\/www.pagina12.com.ar\/ 18 de septiembre, 2026. 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