PorDolores Curia<\/a> – Fuente: https:\/\/www.pagina12.com.ar\/<\/a> 28 de septiembre, 2026.<\/p>\n\n\n\n El Argentina la Ley 27.610 est\u00e1 vigente desde 2021 y garantiza el acceso a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive y a la interrupci\u00f3n legal (ILE) despu\u00e9s de ese plazo cuando el embarazo es producto de una violaci\u00f3n o est\u00e1 en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. Hoy, 28 de septiembre, D\u00eda de Acci\u00f3n Global por un Aborto Legal y Seguro<\/strong>, la efem\u00e9ride abre preguntas, no ya sobre su legalidad, pero s\u00ed sobre el acceso. La pregunta es: qu\u00e9 tan posible es hoy ejercer ese derecho en todo el territorio argentino<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Hoy, la ley sigue vigente y las pr\u00e1cticas se siguen realizando<\/strong>, pero el sistema que durante los primeros a\u00f1os de implementaci\u00f3n hab\u00eda construido una pol\u00edtica federal de acceso se fue desarmando. Para denunciar este estado de situacion, hoy por la tarde, a las 16hs tendr\u00e1 lugar un pa\u00f1uelazo frente al Congreso.<\/p>\n\n\n\n Desde su aprobaci\u00f3n, la implementaci\u00f3n estuvo acompa\u00f1ada de resistencias, protestas y contramedidas en la esfera p\u00fablica, pero con la llegada de Javier Milei a la presidencia ese proceso se profundiz\u00f3 al punto de que los retrocesos en la materia de derechos sexuales y reproductivos se convirtieron en uno de los principales blancos de la gesti\u00f3n libertaria.<\/p>\n\n\n\n Desde 2024, el Estado nacional dej\u00f3 de comprar y distribuir de manera centralizada los medicamentos<\/strong> que garantizan las interrupciones, misoprostol y mifepristona,<\/strong> y traslad\u00f3 –sin los recursos necesarios<\/strong>– a las provincias una responsabilidad que antes asum\u00eda Naci\u00f3n. Las capacidades para sostener esa prestaci\u00f3n no son iguales en todo el pa\u00eds: algunas jurisdicciones pudieron compensar la retirada de recursos nacionales; pero la mayor\u00eda tuvo dificultades para hacerlo.<\/p>\n\n\n\n El contraste con los primeros a\u00f1os de la ley es muy claro. Entre 2021<\/strong> y 2023 se fortalecieron equipos de salud, se ampli\u00f3 la red de efectores y se consolid\u00f3 un esquema federal de compra y distribuci\u00f3n de medicamentos. En 2023<\/strong>, por ejemplo, el Estado nacional distribuy\u00f3 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos combinados de misoprostol y mifepristona<\/strong>. Desde entonces, ese sistema dej\u00f3 de funcionar como antes.<\/p>\n\n\n\n Hay un dato clave para entender la importancia del proceso de esos dos primeros a\u00f1os: las muertes maternas por embarazo terminado en aborto hab\u00edan pasado de 23 en 2020 a 13 en 2021<\/strong>, una reducci\u00f3n del 43,5 por ciento.<\/p>\n\n\n\n El propio Ministerio de Salud se\u00f1al\u00f3 entonces que la implementaci\u00f3n de la Ley 27.610 hab\u00eda generado condiciones para el acceso a abortos seguros y vincul\u00f3 el descenso con el nuevo marco de acceso, aunque la mortalidad materna<\/strong> responde a m\u00faltiples factores.<\/p>\n\n\n\n El nuevo escenario no produjo un derrumbe de las pr\u00e1cticas, pero s\u00ed una creciente desigualdad en las condiciones para acceder. El \u00faltimo reporte anual de Proyecto Mirar<\/strong>, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto con Ibis Reproductive Health<\/strong>, releva la implementaci\u00f3n de la pol\u00edtica de aborto durante 2025 y parte de 2026 a partir de informaci\u00f3n solicitada a las autoridades sanitarias.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan ese relevamiento, cuyos datos se est\u00e1n dado a conocer hoy,<\/strong> por ser 28 de septiembre -D\u00eda de Acci\u00f3n Global por un Aborto Legal y Seguro-,<\/strong> en 20 provincias se realizaron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector p\u00fablico durante 2025<\/strong>. El n\u00famero no muestra cambios respecto del a\u00f1o anterior. La tasa de abortos tambi\u00e9n se mantuvo pr\u00e1cticamente estable: fue de 7,45 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 a\u00f1os<\/strong>, frente a 7,49 en 2023.<\/p>\n\n\n\n \u201cQue se hayan realizado m\u00e1s de 87 mil interrupciones del embarazo en el sistema p\u00fablico, en 20 provincias argentinas, similar a lo observado el a\u00f1o anterior es un buen indicador\u201d, explic\u00f3 Mariana Romero, m\u00e9dica epidemi\u00f3loga e investigadora del CEDES y el CONICET, integran de Proyecto Mirar, que tiene como objetivo monitorear la implementacion de la ley. Frente a la discontinuidad de la compra nacional de misoprostol y mifepristona, 13 provincias sostienen el acceso con presupuesto propio<\/strong>, seg\u00fan la investigadora.<\/p>\n\n\n\n La red de atenci\u00f3n tampoco desapareci\u00f3. En el sector p\u00fablico se registraron 1.846 efectores que garantizan interrupciones voluntarias y legales del embarazo<\/strong>, una cifra similar a la de 2023, cuando eran 1.862. Es decir: la infraestructura que se construy\u00f3 durante los primeros a\u00f1os de vigencia de la ley contin\u00faa funcionando<\/strong>, pero lo hace en un contexto de mayor presi\u00f3n sobre los sistemas sanitarios provinciales.<\/p>\n\n\n\n Un informe de Amnist\u00eda Internacional<\/strong> publicado en 2026 se\u00f1ala que durante 2025 m\u00e1s de la mitad de las provincias reportaron faltantes de misoprostol y casi todas informaron problemas de abastecimiento de mifepristona<\/strong>. Ese mismo a\u00f1o, la l\u00ednea 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Naci\u00f3n registr\u00f3 191 secuencias vinculadas con falta de medicaci\u00f3n<\/strong>. Salta concentr\u00f3 el 46,1 por ciento de esos casos.<\/p>\n\n\n\n La retirada del Estado nacional no supone solamente dejar de comprar medicamentos. Tambi\u00e9n modifica qui\u00e9n tiene que resolver los problemas que aparecen en el territorio. Las provincias ya financian m\u00e1s del 75 por ciento del gasto p\u00fablico en salud<\/strong>, seg\u00fan datos citados por Amnist\u00eda Internacional. Cuando la compra de medicamentos y el sostenimiento de las pol\u00edticas de salud sexual y reproductiva pasan a depender de presupuestos provinciales muy diferentes entre s\u00ed, tambi\u00e9n se profundizan las desigualdades territoriales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Amnist\u00eda registr\u00f3, durante 2025, 406 consultas y denuncias por obst\u00e1culos para acceder al aborto<\/strong>, frente a 102 en 2024. El aumento fue superior al 300 por ciento.<\/strong> La organizaci\u00f3n advierte que el registro de su formulario -que est\u00e1 disponible online para recibir estas denuncias- no es representativo de todo el pa\u00eds, pero considera que permite aproximarse al agravamiento de las barreras<\/strong> en un contexto de falta de informaci\u00f3n oficial.<\/p>\n\n\n\n El problema no siempre toma la forma de una prohibici\u00f3n. A veces aparece como un obst\u00e1culo administrativo, una derivaci\u00f3n, una consulta innecesaria o una demora<\/strong> que, en una pr\u00e1ctica tan sensible al paso del tiempo como \u00e9sta, influye en las condiciones de acceso.<\/p>\n\n\n\n El caso de San Isidro<\/strong> es paradigm\u00e1tico. En ese municipio bonaerense comenz\u00f3 a funcionar un protocolo que, seg\u00fan la presentaci\u00f3n realizada por Amnist\u00eda Internacional entre otras organizaciones, incorporaba requisitos y condiciones que no estaban contemplados por la Ley 27.610: ped\u00eda entre otros, una consulta psicol\u00f3gica previa, nuevas instancias para ratificar una decisi\u00f3n ya expresada, restricciones adicionales para el acceso por la causal salud y circuitos que pod\u00edan comprometer la confidencialidad.<\/strong> Tambi\u00e9n se concentraba la prestaci\u00f3n en el Hospital Materno Infantil y se exclu\u00eda del circuito a los Centros de Atenci\u00f3n Primaria de la Salud.<\/p>\n\n\n\n El objetivo era hacer m\u00e1s largo, m\u00e1s incierto o m\u00e1s desgastante el camino para llegar a una pr\u00e1ctica que la ley garantiza<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n En agosto de 2026, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.\u00ba 2 de San Isidro, a cargo de la jueza Mar\u00eda Paula V\u00e9nere<\/strong>, hizo lugar a la mayor parte de una medida cautelar presentada por Amnist\u00eda Internacional y orden\u00f3 suspender el protocolo cuestionado<\/strong>. El municipio deber\u00e1 garantizar las pr\u00e1cticas dentro de los plazos establecidos por la legislaci\u00f3n vigente y resguardar la intimidad de quienes soliciten la atenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En el plano estrictamente jur\u00eddico, el panorama es diferente. El reporte del observatorio Proyecto Mirar<\/strong> se\u00f1ala que entre agosto de 2025 y julio de 2026 se presentaron 75 proyectos vinculados con aborto y salud sexual y reproductiva<\/strong>. Algunos buscaron limitar la aplicaci\u00f3n<\/strong> de la Ley 27.610 en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, pero ninguno obtuvo dictamen ni lleg\u00f3 al recinto.<\/p>\n\n\n\n Desde la sanci\u00f3n de la ley se iniciaron, adem\u00e1s, 38 causas judiciales en su contra<\/strong>: 35 fueron rechazadas y tres todav\u00eda est\u00e1n en tr\u00e1mite ante la Corte Suprema.<\/p>\n\n\n\n Eso significa que la Ley 27.610 no fue derogada ni modificada sustancialmente<\/strong>. La disputa se desplaz\u00f3, en buena medida, hacia otros terrenos: el presupuesto, los medicamentos, la informaci\u00f3n, la organizaci\u00f3n de los servicios de salud y las decisiones administrativas<\/strong> que pueden facilitar u obstaculizar el acceso.<\/p>\n\n\n\n En paralelo, el Gobierno nacional profundiz\u00f3 una agenda pol\u00edtica<\/strong> contraria a varios de los consensos<\/strong> construidos alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, y derechos de las mujeres y comunidad lgbti en general.<\/p>\n\n\n\n En agosto de este a\u00f1o, la Argentina adhiri\u00f3 a la Declaraci\u00f3n del Consenso de Ginebra<\/strong>, un documento que sostiene, entre otras cuestiones, que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligaci\u00f3n internacional de los Estados de financiarlo o facilitarlo.<\/strong> La Canciller\u00eda argentina present\u00f3 la adhesi\u00f3n como parte de una agenda fundada en la \u201cdignidad humana\u201d<\/strong> y la soberan\u00eda de los Estados.<\/p>\n\n\n\n La declaraci\u00f3n no modifica por s\u00ed misma la legislaci\u00f3n argentina:<\/strong> la Ley 27.610 contin\u00faa vigente<\/strong>. Pero la adhesi\u00f3n forma parte de un escenario pol\u00edtico internacional en el que el Gobierno argentino se acerca a Estados y organizaciones que cuestionan el reconocimiento del aborto como derecho.<\/p>\n\n\n\n El deterioro del acceso al aborto tampoco puede separarse del debilitamiento de otras pol\u00edticas de salud sexual y reproductiva.<\/strong> El Plan Nacional de Prevenci\u00f3n del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA),<\/strong> que hab\u00eda contribuido a reducir de manera significativa el embarazo adolescente, qued\u00f3 pr\u00e1cticamente sin financiamiento: para 2026 se proyect\u00f3 una inversi\u00f3n inferior al 3 por ciento de la realizada en 2023, seg\u00fan un an\u00e1lisis presupuestario de ACIJ y ELA.<\/p>\n\n\n\n \u201cSi bien el Estado nacional ha desfinanciado por completo las pol\u00edticas de salud sexual y reproductiva, corri\u00e9ndose de su rol de rector\u00eda sanitaria, son los equipos de salud quienes est\u00e1n garantizando el derecho al aborto en todo el pa\u00eds\u201d, sostuvo Luc\u00eda De La Vega, coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del CELS, consultada por este diario.<\/p>\n\n\n\n De La Vega, junto con el colectivo de Abogadxs La CIEGA, impulsa adem\u00e1s una acci\u00f3n judicial contra el Estado nacional por la falta de mifepristona y misoprostol.<\/p>\n\n\n\n Para De La Vega, el sostenimiento del derecho est\u00e1 ocurriendo hoy en buena medida a trav\u00e9s de una red formada por los sistemas provinciales de salud, profesionales, organizaciones y equipos que contin\u00faan garantizando las pr\u00e1cticas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Qu\u00e9 est\u00e1 pasando con el acceso al aborto en la Argentina La ley sigue vigente, pero la pol\u00edtica federal de acceso, constru\u00edda durante los primeros tiempos de la implementaci\u00f3n, se fue desarmando por obra de Milei. 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Amenazas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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