“Le están haciendo un linchamiento público”
Un total de 91 jueces firmaron el comunicado en favor de la magistrada. Expresaron “el más enfático repudio” frente a las expresiones del GCBA.
PorSantiago Brunetto – Fuente: https://www.pagina12.com.ar/ 25 de septiembre, 2026.
En medio de la escalada de ataques políticos y mediáticos, la jueza Laura de Marinis continúa recibiendo apoyos del mundo judicial, de organismos de derechos humanos y de defensa de los niños, niñas y adolescentes. Cerca de cien magistrados emitieron un documento en su apoyo y contra la denuncia que el Gobierno porteño presentó en el Consejo de la Magistratura contra la jueza, mientras las organizaciones calificaron a los ataques como un “linchamiento público”. En los medios, la estrategia de intimidación sigue destrabando nuevos niveles y ahora incluyó la publicación de la dirección y el teléfono del despacho de la jueza que decidió no aplicar y declarar inconstitucional la baja en la edad de punibilidad en el caso de un chico de 14 años.
Contra todo eso se manifestaron los 91 jueces que firmaron el comunicado en apoyo a la titular del Juzgado N°3 en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, en el que expresaron “el más enfático repudio y profunda preocupación frente a las expresiones de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires –con repercusiones en ámbitos políticos y periodísticos—con motivo de la decisión”.
Amparada en el derecho
Tal como la propia De Marinis había advertido este martes en sus primeras declaraciones públicas sobre la causa, el grupo de magistrados sostuvo que la jueza actuó amparada en el derecho constitucional y convencional: “La magistrada ejerció el control de constitucionalidad y convencionalidad que la Constitución Nacional confiere a todo juez”, sostiene el documento, que agrega que “las mínimas condiciones de vigencia del Estado de Derecho y la forma republicana de gobierno –que comprende el principio de la división de poderes– imponen el respeto de las decisiones que, con base constitucional, adoptan los jueces y las juezas en ejercicio de la magistratura y en las causas de su competencia”.
En la misma línea remarcaron que, en todo caso, la vía correspondiente para oponerse al fallo de la jueza no es el juicio político sino el camino judicial, como de hecho ocurrió con la apelación ya presentada por el Ministerio Público Fiscal porteño. Como informó este miércoles Página/12, fuentes judiciales con acceso al expediente tienden en primera instancia a coincidir con esta visión: señalan que es difícil que el pedido de jury avance en el Consejo porque la posición del oficialismo porteño no tendría la cantidad de apoyos suficientes para constituir el jurado de enjuiciamiento, aunque sostuvieron que “depende de si el tema sigue escalando”.
Ese objetivo parece seguir la estrategia mediática que, pese al correr de los días, no baja los humos. Por tercer día consecutivo, este jueves el fallo de la jueza siguió siendo tema de agenda central en varios medios de comunicación luego de la publicación, el miércoles por la tarde, de la dirección y el teléfono del Juzgado N°3. Esto lo hizo Eduardo Feinmann en su programa televisivo, en el que pidió a su público que “llame y haga saber su opinión como ciudadano”, excusándose en que es “el teléfono público” y no el privado de la jueza: “No la insulte ni la maltrate”, pidió el conductor que, mientras la pantalla mostraba el rostro de la magistrada, sostuvo que en el programa “no hacemos escraches”.
Como contrapartida, la jueza siguió sumando apoyos. La Correpi emitió un comunicado este jueves en el que advierte que “un fallo en favor de los pibes no puede provocar tanto odio”: “Resulta inaudito en el estado de derecho que una resolución judicial abundantemente fundamentada genere un verdadero linchamiento público, recurriendo a los más abyectos calificativos de su autora y de quienes compartimos su justa solución del conflicto”. Y agregan que De Marinis “armonizó la legislación vigente con los mandatos convencionales en materia de niños, niñas y adolescentes, que, mal que le pese a los propagandistas oficiales, son de aplicación obligatoria para nuestros tribunales”.
Este diario ya había informado el martes sobre el respaldo de diversos organismos como la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia, la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de la Ciudad de Buenos Aires, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Colectiva Feminista Federal y la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia.
La Asociación Civil Forum infancias sumó su apoyo con un comunicado en el que expresó su “solidaridad” con la jueza y resaltó “la importancia de una Justicia independiente y empática con las infancias y adolescencias, que pueda contemplar la singularidad de cada situación y preservar una perspectiva de derechos en una etapa decisiva de la vida”.
Uno de los puntos sustanciales del fallo de la jueza es precisamente la descripción de la cruda realidad del chico sobreseído tras el intento de robo: una familia de padre ausente, una madre desempleada que sufre epilepsia, un hermano de 19 años que perdió su trabajo, una casa sin gas por falta de pago y un sustento cotidiano basado en ayudas económicas y bolsones de comida. En la causa constan las declaraciones del adolescente que dijo sobre su situación: “pretendo ayudar a mi mamá como sea, ir al colegio y empezar boxeo”.