Preocupación por las estadísticas públicas

Fuente: Pagina/12

Economistas de distintos perfiles cuestionaron con dureza la salida de Marco Lavagna del Indec y la decisión del Gobierno de frenar la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor. Especialistas advirtieron que la marcha atrás erosiona la credibilidad del organismo y tiene efectos concretos sobre salarios, jubilaciones y programas sociales.

La renuncia de Lavagna y la continuidad de una metodología basada en una canasta de consumo de 2004-2005 reabrieron un debate que trasciende lo técnico y vuelve a poner bajo sospecha la autonomía del organismo estadístico. Para Juan Manuel Telechea, el episodio solo puede explicarse por razones políticas. Según planteó, hacia atrás la nueva metodología implicaba reconocer una caída mayor del poder adquisitivo, del orden de 7 puntos, lo que podía gatillar reclamos salariales más fuertes y sumar presión inflacionaria. Hacia adelante, en un año atravesado por ajustes de tarifas, una canasta que pondera más los servicios habría arrojado una inflación algo más alta que la actual, entre 1 y 2 puntos adicionales hacia fines de 2026.

Las críticas más duras llegaron desde el campo de las estadísticas sociales. Agustín Salvia, titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, advirtió que implican un cambio “francamente negativo” porque deja en evidencia la falta de autonomía profesional del organismo. Remarcó además que sostener una canasta desactualizada tiene consecuencias directas sobre las discusiones de salarios, haberes jubilatorios, la AUH y los bonos ajustados por inflación. Al no reflejar plenamente el impacto de los aumentos tarifarios que se vienen, explicó, los procesos de actualización quedan subregistrados y terminan siendo menores a los que corresponderían.

Desde el análisis financiero, Christian Buteler puso el foco en el impacto institucional porque dar marcha atrás con el anuncio de una nueva canasta genera ruido innecesario y no es bien recibido por el mercado. En particular, advirtió que la incertidumbre sobre el IPC afecta a los bonos ajustados por inflación, que dependen de la credibilidad del indicador.

Más allá de los matices, los economistas coinciden en que no se trata de una crisis metodológica sino de una señal política que debilita la confianza en las estadísticas públicas y condiciona la vida cotidiana de millones de personas.