De acuerdo a un informe del CEPA, el ajuste real del presupuesto para el INTA llega al 50%. El recorte afectará programas de investigación y las políticas de respuesta para los productores afectados por inundaciones, sequía o emergencias sanitarias.
Por Sebastián Premici – Fuente : https://www.eldestapeweb.com/ 28 de octubre de 2026.
La administración Milei está ensañada con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Retiros voluntarios, desmantelamiento de Estaciones Experimentales, cierre de programas vinculados a la agricultura familiar, remates de edificios y tierras entregadas para los negocios inmobiliarios y un ajuste económico directo de cara al próximo año.
Retiros, remates y censura: la embestida del Gobierno contra la investigación agropecuaria
El proyecto del Presupuesto 2027 deroga una asignación específica vinculada a la recaudación sobre las importaciones, clave para el funcionamiento territorial del organismo. Según un documento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a diferentes presentaciones realizadas en la Cámara de Diputados por referentes del organismo, esa derogación compromete más de la mitad de los recursos del INTA.
La opacidad que envuelve al INTA es una marca de época. El Consejo Directivo del organismo acaba de exonerar a la investigadora Virginia Aparicio por sus investigaciones vinculadas a los impactos de los agroquímicos en las personas. La científica formaba parte de una investigación global conocida como proyecto SPRINT. Cuando el organismo vislumbró la posibilidad de un “mal resultado” para la Argentina en relación a los impactos adversos de los procesos productivos vinculados a la siembra directa y la industria de los agrotóxicos, prohibió la publicación de los resultados. De todas maneras, Aparicio los difundió. Acto seguido, fue exonerada.
El artículo clave del Presupuesto 2027 que recortará el 50% de los fondos del INTA
El artículo 21 del proyecto de Presupuesto 2027 deroga una asignación específica que desde 2002 vincula la recaudación sobre las importaciones con el funcionamiento de este organismo, el INTI y el SENASA. De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta derogación compromete más de la mitad de los recursos del INTA.
La asignación específica deviene de la Ley 25.641, que en la práctica funciona como la base legal del financiamiento específico del INTA y otros organismos. La norma en cuestión había creado una asignación equivalente al 0,5% del valor CIF de las importaciones destinada al INTA. Luego, se elevó ese porcentaje al 0,65% y se estableció su reparto entre tres organismos (INTI, SENASA y el INTA).
“Con la derogación, desaparece el mecanismo que asegura a estos organismos un flujo de recursos propio, más allá de las asignaciones discrecionales del Tesoro. En el caso del INTA, el impacto es directo. En el Presupuesto 2026, el organismo contaba con $905.711 millones, de los cuales $513.034 millones (57%) provenían de la alícuota sobre las importaciones y $392.677 millones del resto de sus ingresos. Para 2027 se le asignan $546.784 millones, sin ingresos de la alícuota. Ajustado por inflación, el recorte es del 50% en un solo año”, puede leerse en el informe del CEPA.
La situación del SENASA y el INTI frente al recorte
Por otro lado, el SENASA perderá cerca del 40% de sus recursos en términos reales y el INTI directamente no recibiría fondos, ya que además de la derogación del inciso se eliminó su financiamiento por el resto de las vías.
“El recorte de 2027 no es un hecho aislado, ya que profundiza un ajuste que comenzó en 2024. Si se compara el presupuesto vigente de 2027 con el de 2023, la caída real del INTA alcanza el 55,9%. El organismo se ubica así entre los más afectados del área de desarrollo productivo, junto con el INTI (-65,6%) y el Instituto Nacional del Agua (- 61,6%)”, agregó el CEPA.
De las emergencias climáticas al cierre de agencias: el impacto territorial del ajuste
Es mucho lo que se pone en jaque con la quita de ese 0,45% de lo recaudado por las importaciones. Con esos recursos, el INTA cubría sus gastos de funcionamiento e inversiones, las becas y estudios de posgrado del personal, parte de los salarios y el Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria, que acumula los saldos no ejecutados de cada año y funciona como reserva del organismo.
Durante el debate en comisiones sobre los pormenores del ajuste presupuestario, diferentes referentes vinculados al INTA explicaron los alcances concretos del ajuste y el impacto directo que habrá sobre la producción y la investigación científica. El CEPA analizó cada uno de los impactos negativos:
- Capacidad de respuesta ante emergencias: sin la reserva del Fondo, el organismo pierde margen para actuar ante sequías, inundaciones, plagas emergentes y emergencias sanitarias. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, con esos saldos se compraron insumos para los laboratorios de Castelar y para el trabajo conjunto con el SENASA en Martínez.
- Investigación y servicios: el ajuste ya afectó al 23% de las actividades de Investigación y Desarrollo en los territorios y al 42% de las líneas de innovación, con impacto sobre 29 cadenas y economías regionales y 202 unidades. Además, 93 convenios y servicios de gestión de calidad no podrían cumplirse, y 223 profesionales con posgrado se desvincularon en el retiro de julio de 2026.
- Presencia territorial: se dieron de baja 41 Agencias de Extensión Rural, se cerraron 74 oficinas y se dispuso el cierre de la Estación Experimental AMBA y sus 9 agencias. El repliegue golpea especialmente a los pequeños y medianos productores, que representan el 70% de las explotaciones del país (menos de 100 hectáreas, según el CNA 2018), y pone en riesgo programas como Cambio Rural.
- Personal: la caída del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras del organismo se acerca al 40%.
“Con el cierre de la EEA AMBA y sus 9 agencias, los productores del cinturón verde pierden la asistencia directa sobre plagas, riego y certificaciones. Los grupos de Cambio Rural se desarman al quedarse sin asesor técnico y los remates de pequeños productores, como los que nacieron en Corrientes, dejan de organizarse: el productor chico vuelve a vender al intermediario, a peor precio”, concluyó el CEPA.