El proyecto de Ley de Soberanía Nacional obtuvo dictamen con los cambios a medida de los Estados Unidos

Tal como lo adelantó Página/12 este domingo, el oficialismo acató las órdenes del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y modificó la letra de la ley Malvinas para resguardar los intereses empreariales del país del norte en las Islas Malvinas.

Por Eva Moreira – Fuente: https://www.pagina12.com.ar/ 28 de octubre de 2026.

El proyecto de ley camuflado bajo el nombre de “Defensa de la Soberanía Nacional” se volvió a discutir en el plenario de las comisiones, y esta vez, con los cambios pedidos por los funcionarios de Donald Trump modificados en el texto, como contó este diario el domingo. El oficialismo logró la firma del dictamen con la ayuda de los aliados de siempre. La principal modificación pretendida por el país del norte incorporada fue en torno al recorte de los alcances de las sanciones a empresas vinculadas con actividades en las Islas Malvinas. Desde Unión por la Patria, el diputado Juan Marino sentenció: “Es un gobierno trabajando bajo la tutela de Estados Unidos”, al apuntar expresamente contra el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicesecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau. Germán Martínez apuntó contra el asesor, Santiago Caputo, por obstaculizar un proyecto que podría haber salido por unanimidad. “Por un capricho de un pendejo se generan estas cosas”, cargó el santafesino. La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, señaló la contradicción de un proyecto que debería defender la soberanía, pero “se redactó en Estados Unidos”. La Libertad Avanza quiere llevarlo al recinto el próximo 12 de noviembre.

En una reunión cargada de cuestionamientos al oficialismo por aceptar modificaciones a gusto del gobierno norteamericano, y donde la bancada violeta no desmintió la injerencia de funcionarios de Trump, el presidente de la comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, quedó incómodo frente a la consulta reiterada del diputado Juan Grabois, que le pidió que responda “por sí o por no” si Estados Unidos había redactado parte del texto. El libertario no respondió. Se limitó a decir: “No vine a ser interrogado”.

Los punzantes cuestionamientos a los libertarios llegan después de conocerse que Landau le pidió al presidente que “no debe haber sanciones para las empresas norteamericanas —fondos de inversión, bancos, aseguradoras, mineras, petroleras— que hayan hecho operaciones con compañías que ya trabajan en las islas, mientras que las que arranquen ahora, se evaluarán una por una”. “Ustedes tienen un conflicto con el Reino Unido, nos sancionan a nosotros, Londres se va a reír y arregla con otras empresas. Los perjudicados somos nosotros”, bramó Landau. Página/12 también adelantó que hubo una llamada de Marco Rubio a Milei, pasando por encima del canciller Pablo Quirno: “Ustedes no nos cumplen”, se le quejó el secretario de Estado al presidente. Pese a esto, la bancada violeta, con ayuda de sus aliados, logró conseguir 60 firmas para dictaminar su despacho. Sin embargo, hubo seis dictámenes que marcan las diferencias frente al texto: uno de Unión por la Patria y uno del Frente de Izquierda. El bloque de Provincias Unidas se dividió nuevamente. Parte acompañó la iniciativa impulsada por Santiago Caputo, y otros dos diputados, Esteban Paulón y Lourdes Arrieta, presentaron dictámenes propios.

El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, culpó de la falta de “unanimidad” respecto a la Cuestión Malvinas al asesor Santiago Caputo. “Por un capricho de un pendejo se generan estas cosas”, enfatizó al lamentar la falta de debate y consenso. “Me cago en ese pendejo”, apuntó nuevamente contra el referente de las Fuerzas del Cielo.

Los artículos referidos a las sanciones a las empresas que exploran en Malvinas sufrieron cambios porque, según justificaron a Página/12 referentes de ese espacio, “estaba mal sancionar a toda la cadena”. Lo que significa que ahora se restringen los alcances de las sanciones a las empresas vinculadas con actividades en las Islas. Es decir, las penalidades alcanzarían a las empresas que operen ilegalmente en Malvinas, sus proveedores y accionistas directos, pero quedarían excluidas las filiales, subsidiarias y accionistas sin participación relevante en las actividades de exploración. Para la oposición, esta modificación vuelve más benévola la norma, algo que va en contra de lo que el presidente señaló cuando anunció el envío del proyecto al Congreso. En este sentido, la diputada de UxP, Agustina Propato, cuestionó la “flexibilización” que se le hizo a la idea original que anunció Milei, y alertó que, salvo el capítulo I, “el resto no pasa el test de constitucionalidad”.

Un texto resistido por propios y ajenos

El texto que circuló con las modificaciones no será el definitivo. Los aliados siguen pidiendo correcciones. Los cambios al artículo 111 siguen siendo insuficientes, y como ese punto necesita de 129 voluntades en el recinto, por modificar cuestiones electorales, continuarán las negociaciones. Página/12 pudo saber que el bullrichismo tampoco está de acuerdo en cómo quedó la redacción. El artículo 111, en la redacción original, preveía penas de prisión para quienes, bajo financiamiento o instrucciones de actores extranjeros, intervengan en procesos destinados a alterar el funcionamiento institucional, influir en elecciones o promover campañas de desinformación. La nueva redacción, ahora bajo el artículo 129, sigue siendo problemática. En la comisión, el libertario Damián Arabia, quien defendió la iniciativa oficial, aseguró que “excluye expresamente el periodismo, la actividad académica, la actividad diplomática legítima y la opinión pública atribuida de opiniones extranjeras”, pero sigue sin convencer a propios y dialoguistas.

Las ONG podrían verse perjudicadas. Desde Poder Ciudadano, en el plenario de comisiones, advirtieron sobre este punto. Martín D’Alessandro criticó la ambigüedad de varios conceptos, y puntualmente se refirió a que “no se delimitan los actos punibles porque no se sabe cuál es el delito”. Además, cuestionó los “tipos penales abiertos” de la norma.

La firma del dictamen también llega luego de la reunión que encabezó la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, con representantes de los bloques aliados, donde se pulieron los aspectos más polémicos de la norma. Un gran punto de conflicto fue el Consejo de Seguridad Nacional, inspirado en el modelo de Estados Unidos. Otro pedido que aceptó incorporar el oficialismo fue el de sumar al Ministerio de Seguridad como miembro permanente del nuevo Consejo de Seguridad. Este cambio respondería a bajarle el tono a la propia disputa que dejar fuera a esa cartera le abriría con Patricia Bullrich. El nuevo texto también plantea la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional para seguir las decisiones del Consejo. Desde la oposición ven esta concesión como insignificante. El dictamen también contempla que las máximas autoridades de ambas Cámaras puedan participar en determinadas reuniones del Consejo de Seguridad, pero no establece que tengan un lugar permanente ni que deban aprobar o confirmar decisiones. “Podrán determinar la participación de otros, when sus conocimientos o competencias en cuestiones estratégicas resulten de utilidad”, dice el despacho. Si había aspiraciones del propio Martín Menem de tener un lugar más relevante, Caputo logró resistirlas.

Desde el bloque libertario planean que la ley pueda discutirse en el recinto el próximo 12 de noviembre. Podría tratarse con el proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central, que también conseguiría dictamen tras algunas modificaciones. El cambio que buscan tiene que ver con la participación de la Cámara de Diputados en la remoción de las autoridades del BCRA, cambio que le interesa al propio presidente de la Cámara, Martín Menem.