El pacto oculto entre laboratorios termina con medicamentos más caros
El Senado se prepara para convertir en ley el Tratado de Cooperacion en Patentes que pedía Peter Lamelas. Festejan los laboratorios extranjeros y los nacionales reunidos en CILFA no se quejan, pero los precios pegan en la crisis del PAMI, las prepagas y las obras sociales. El INPI, un organismo público copado por los grandes estudios de abogados.
Por Diego Genoud – Fuente: https://www.eldestapeweb.com/ 9 de septiembre, 2026.
Karina Milei le prometió al embajador Peter Lamelas que el proceso ya está listo. Martin Menem ya festeja que el Senado no hará cambios y el peronismo no tendrá ni los votos ni la voluntad de alterar el Tratado de Cooperación en Patentes que aprobó Diputados. Reunidos en CILFA, los grandes laboratorios nacionales no hacen olas y en privado se declaran conformes con haber tirado abajo el Capítulo II del Tratado o PCT que impulsan la embajada de Estados Unidos y los laboratorios extranjeros nucleados en la poderosa CAEME. Hay tregua y negocio para todos, eso parece.
A fines de agosto, en medio de una fenomenal guerra de lobbys de ganancias multimillonarias, la cámara de Diputados excluyó de la sanción el Capítulo II del PCT que contemplaba un examen preliminar internacional y permitía que oficinas extranjeras elaboraran informes y dictámenes técnicos sobre nuevas invenciones de patentes. Después de 30 años de guerra silenciosa, los laboratorios extranjeros y los laboratorios nacionales parecen haber llegado a un acuerdo. Hasta China, parece, está de acuerdo. Lo que no se dice es que las víctimas del pacto van a ser millones de argentinos que necesitan medicamentos para sobrellevar su día a día. Es lo que admiten los pocos detractores que tiene el acuerdo en el Congreso.
Argentina tiene una poderosa industria farmacéutica, algo que la distingue a nivel regional. El problema es que los precios de los medicamentos no son más bajos sino más caros que en otros países. En un mercado que, según datos de CILFA de 2025, mueve más de 8 mil millones de dólares al año, el gobierno de Milei tomó dos decisiones fundamentales que favorecen a los laboratorios extranjeros, no a los pacientes argentinos. Por un lado el tratado. Por el otro, algo quizás todavía más importante, la derogación de la Resolución Conjunta que fijaba guías de examen de patentes para los medicamentos y limitaba el evergreening, el truco que utiliza cambios menores para prorrogar una patente, impedir la competencia y aumentar los precios. La nueva Resolución Conjunta 1/2026 que firmaron el 18 de marzo pasado Mario Lugones, Luis Caputo y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) que preside Carlos María Gallo derogó la anterior, del 2 de mayo de 2012, que ponía límites a la Ley de Patentes 24481 de Domingo Cavallo que entró en vigencia en 2000. Al mes siguiente de la modificación libertaria, el INPI de Gallo concedió 90 patentes farmacéuticas y biotecnológicas que con las guías de patentamiento no se hubieran otorgado. Según datos de los empleados del organismo a los accedió El Destape, ya hoy el 87.7 % de las solicitudes de patentes medicinales son extranjeras. El tratado que se prepara para votar el Senado elevaría rápidamente ese porcentaje.
“Derogar la resolución conjunta y dejar en decisión del INPI qué va a ser patentable o no… Es importante que ustedes sepan que un empleado del INPI que recibe una patente multimillonaria de este tipo cobra en la Argentina menos de 2 millones de pesos de salario, más allá del desfinanciamiento que ha tenido el INPI. Al quitar la resolución conjunta, le estamos poniendo en responsabilidad de ese funcionario público la decisión de patentar o no un medicamento de estos precios. Esto no va a funcionar. No vamos a acompañar porque nuestra preocupación tiene que ser el acceso a los medicamentos para nuestra población y esto no va en ese camino”, dijo el diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin en el debate del 26 de agosto pasado. El poder de lobby de una industria que declara una facturación multimillonaria frente a funcionarios de bajísimos salarios ya de por sí puede ser considerado una entrega absoluta, en línea con la ley del más fuerte.
Ubicado en Paseo Colón 771, el INPI juega un papel crucial en la guerra de laboratorios y de él depende la Administración Nacional de Patentes y, tal como reveló El Destape en mayo pasado, suele ser visitado por funcionarios de la embajada de Estados Unidos. El organismo está repleto de problemas estructurales: demoras significativas en exámenes de patentes, recursos técnicos limitados, falta de previsibilidad en algunos criterios técnicos, vulnerabilidad frente a presiones externas y, la política de estado libertaria: bajísimos salarios de personal calificado. Los salarios de los examinadores de patentes son de los más bajos comparados con otras oficinas de marcas y patentes de la región (INPI-BR, INAPI, DNPI, SIC). Aunque Lugones y Caputo ordenaron algunos aumentos en medio del debate parlamentario, hace un mes se jubiló, después de 30 años, el Comisario de Patentes del organismo, Eduardo Arias.
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“Los precios de los medicamentos van a aumentar”, le dijo a El Destape un dirigente opositor, de vínculo histórico con los laboratorios. Es un proceso que se da en medio de un proceso de crisis aguda en el sistema sanitario. Cuando clínicas y sanatorios dejan de atender a pacientes del PAMI en provincias patagónicas y otras del norte como Jujuy, Misiones. Cuando, para las obras sociales sindicales y prepagas, el precio de los medicamentos representa en promedio el 50% de sus costos. Cuando los genéricos en la Argentina son un chiste de mal gusto y se pegan al techo de los precios que tienen los medicamentos con patente, el llamado efecto murciélago que el especialista Federico Tobar describe como una situación anómala que no se repite en ningún otro lugar. Expertos en salud dicen que el genérico debería costar el 20% de lo que vale un medicamento con patente pero cuesta casi lo mismo. Cambiar ese sistema demandaria por empezar que todos los medicamentos que compra el Estado a nivel nacional se negocien en una sola ventanilla. Es básico pero no sucede y los laboratorios ganan. ¿Es solo impericia o hay topos del sector privado en los organismos públicos?
Un exhaustivo informe del Observatorio Sudamericano de Patentes destaca el rol de algunos estudios jurídicos del poder económico. En primer lugar, el estudio Bruchou & Funes de Rioja, fue aportante de campaña de La Libertad Avanza en 2023, tiene llegada a la cúpula del INPI libertario. El agente de propiedad industrial Carlos María Gallo fue socio y empleado de un personaje de enorme poder, Dámaso Pardo, un abogado que hoy está a cargo del Departamento de Propiedad Intelectual de Brochou y Funes de Rioja. Durante los dos primeros años del gobierno de Mauricio Macri, Gallo era el director de la Administración Nacional de Marcas del INPI y Pardo, el presidente del INPI. Es escándalo pero habitual: las resoluciones tomadas por el presidente del INPI publicadas en el boletín oficial se publican casi simultáneamente en los sitios web de los principales estudios jurídicos del país. Casi como si ahí se hubieran redactado.
Por esos antecedentes, los detractores de Gallo lo señalan como lobbista de los estudios jurídicos y agente de propiedad industrial de los Estados Unidos. El trabajo del Observatorio Sudamericano de Patentes afirma que la connivencia entre los grandes bufetes y el INPI se manifiesta en tres niveles clave. En primer lugar, la captura del conocimiento técnico o “know-how” privado como barrera de entrada. “El INPI depende de examinadores técnicos y jurídicos. Sin embargo, la complejidad de ciertas solicitudes -especialmente en patentes farmacéuticas, biotecnológicas o software- hace que los examinadores recurren a criterios que, en muchos casos, son definidos por los propios estudios que representan a los solicitantes de patentes o directamente a oficinas de patentes de Estados Unidos (USPTO) o Europa (EPO). Los grandes bufetes no solo redactan las solicitudes, sino que participan en mesas de trabajo, capacitaciones y comités técnicos donde se definen los criterios de patentabilidad. Esto crea una asimetría de información donde el regulador (INPI) depende del regulado (Estudios) para entender su propio campo”, especifica el estudio.
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En segundo lugar, la rotación de personal o puerta giratoria se convierte en una herramienta de influencia directa. En lo que parece un caso claro de conflicto de interés, se advierte un flujo constante de funcionarios entre la alta dirección del INPI y los estudios jurídicos privados. “Es común que un director de Patentes, examinadores profesionales o un coordinador de Marcas pase a ser socio o empleado de un estudio de abogados inmediatamente después de dejar su cargo. Este fenómeno genera trato preferencial implícito, conocimiento de debilidades internas y la judicialización estratégica como mecanismo de presión porque los grandes estudios no solo litigan contra terceros, sino también contra el propio INPI”. Cuando un estudio logra una sentencia favorable (por ejemplo, revocando una denegación de patente o una oposición de marca), ese fallo se convierte en jurisprudencia.
Según el Observatorio, los estudios más poderosos, que representan a laboratorios extranjeros, mantienen departamentos de litigio estratégico que judicializan decisiones del INPI que les son adversas en forma permanente y empujan al organismo a adoptar criterios más “amigables” para evitar costos procesales. En el área de patentes, los grandes estudios tienen acceso a información privilegiada sobre los criterios de examen del INPI. A través de reuniones “técnicas” informales, logran que el INPI adopte interpretaciones restrictivas de la ley de patentes (por ejemplo, ampliando el concepto de “novedad” o “actividad inventiva” para favorecer a sus clientes). El regulador funciona como asesor del sector privado y define reglas que benefician a los actores más poderosos en detrimento de la competencia genérica y del acceso a medicamentos. Como en otros casos, es un proceso que no empezó con Milei, pero que con el gobierno de LLA se blanquea hasta convertirse en ley.
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